Inteligencia Artificial y Contratación en Colombia: Ética, Transparencia y Desafíos Regulatorios
La Inteligencia Artificial (IA) ya no es un tema futurista, sino una realidad presente en la dinámica empresarial, estatal y social. En Colombia, tanto el sector público como el privado han comenzado a integrar soluciones basadas en IA para optimizar procesos, reducir costos y aumentar la eficiencia. Sin embargo, este avance conlleva retos legales y éticos que no pueden ser ignorados, especialmente en el ámbito de la contratación pública y privada. En los últimos años, hemos visto cómo en pliegos de condiciones, contratos de suministro tecnológico y convenios de innovación se incluyen cláusulas relacionadas con el uso responsable de la IA. Estas cláusulas buscan asegurar transparencia algorítmica, ética digital y protección de derechos fundamentales en la implementación de tecnologías inteligentes.
La ética de la IA en la contratación
Uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial es la opacidad en la toma de decisiones. Cuando
un algoritmo interviene en procesos sensibles —como selección de personal, asignación de beneficios, evaluaciones crediticias o control de riesgos— surge la pregunta de si existe discriminación, sesgo o vulneración de derechos.
Por esta razón, las cláusulas contractuales actuales empiezan a exigir que los proveedores de soluciones basadas en IA garanticen:
- Explicabilidad: que el sistema pueda justificar de manera clara las decisiones que toma.
- No discriminación: que los algoritmos estén diseñados y auditados para evitar sesgos.
- Protección de datos personales: conforme a la Ley 1581 de 2012, el habeas data y las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
- Seguridad de la información: con estándares de ciberseguridad que reduzcan riesgos de manipulación o fuga de datos.
Contratación pública: el Estado como ejemplo
En la contratación estatal colombiana ya se empieza a discutir el rol de la IA, sobre todo en áreas como analítica de datos para políticas públicas, vigilancia inteligente y automatización de procesos administrativos. La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) ha manifestado el interés en adaptar los pliegos para garantizar que las herramientas de IA contratadas respondan a principios de ética y legalidad. Esto implica que, a futuro, los oferentes deberán demostrar no solo la calidad técnica de sus productos, sino también su conformidad con principios éticos y regulatorios. Dicho enfoque abre la puerta a que Colombia adopte marcos internacionales, como el AI Act europeo, que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y establece obligaciones proporcionales.
Contratación privada: innovación con responsabilidad
El sector privado no se queda atrás. Empresas colombianas que contratan servicios de IA para marketing, recursos humanos, seguridad digital o análisis financiero ya incluyen obligaciones contractuales que contemplan:
- Responsabilidad frente a resultados erróneos del sistema.
- Protocolos de auditoría y verificación de algoritmos.
- Actualizaciones periódicas para cumplir con nuevas regulaciones locales e internacionales.
Al hacerlo, se busca mitigar riesgos de demandas, sanciones regulatorias o afectaciones a la reputación empresarial.
El reto de armonizar con el AI Act europeo
El AI Act, aprobado por la Unión Europea en 2024, se ha convertido en un referente global. Su influencia llegará a Colombia por dos vías:
- Comercio internacional: las empresas que quieran exportar servicios o productos de IA a Europa deberán cumplir con estos estándares.
- Armonización normativa: es probable que Colombia, como otros países latinoamericanos, adapte elementos del AI Act a su legislación interna, especialmente en contratación pública y privada.
Este marco normativo enfatiza la transparencia, trazabilidad, supervisión humana y responsabilidad, principios que ya se alinean con la Constitución y las leyes colombianas de protección de datos, defensa del consumidor y contratación estatal.
Conclusión; La contratación pública y privada en Colombia está dando pasos firmes hacia la integración de cláusulas de ética y transparencia en el uso de IA. No se trata de un lujo regulatorio, sino de una necesidad para garantizar confianza, seguridad jurídica y respeto por los derechos fundamentales.
El desafío ahora está en armonizar la normatividad nacional con marcos internacionales como el AI Act europeo, de modo que la innovación tecnológica avance de la mano de la legalidad. Como abogados, empresarios y actores del sector público, tenemos la responsabilidad de anticiparnos a estos cambios y preparar contratos más sólidos, responsables y orientados al futuro.
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BOGOTÁ – COLOMBIA
